La semana pasada, el economista David Friedman publicó un artículo con una actualización a sus tesis previas sobre cómo contrarrestar la crisis global de natalidad. Mientras en el primer mundo discuten el impacto macroeconómico de esto, en Chile la discusión pública brilla por su ausencia. Pareciera que nuestra clase política ni siquiera se está tomando el problema en serio. Y es urgente, porque nos estamos yendo directo al despeñadero demográfico.

Para entender cómo llegamos a este punto, hay que hacer memoria. Desde hace décadas, la narrativa predominante en la educación y los medios ha sido un neomalthusianismo recalcitrante. Casi todos recordamos a algún profesor de matemáticas o de biología explicándonos con tono apocalíptico que, mientras los recursos crecían de forma lineal, la población mundial se duplicaba en progresión geométrica. El destino fatal, nos decían, era un planeta sobrepoblado donde moriríamos de hambre por falta de recursos.

Esa profecía falló miserablemente. Ignoró por completo el progreso científico y tecnológico, la revolución verde, la ingeniería genética que creó semillas exponencialmente más productivas y la eficiencia en la gestión de recursos. Pero las narrativas culturales no cambian de un año para otro. A la masa se le inyectó el miedo al futuro y el dogma prendió con fuerza: la gente sigue pensando que tener hijos es un crimen ecológico o un boleto a la miseria.

Hasta que de pronto, el mundo despertó y se dio cuenta de la realidad: ni siquiera alcanzamos la tasa de natalidad mínima para mantener la existencia de la sociedad (la famosa tasa de reemplazo de 2.1 hijos por mujer). Dado que a las generaciones jóvenes se les vendió con éxito la tragedia de la hambruna futura, simplemente decidieron cerrar la fábrica.

El Estado estorba (y de paso, te devalúa el sueldo)

Por supuesto, no todo es ideológico; los costos de vida son asfixiantes. El propio Friedman menciona que los incentivos estatales típicos —regalar un par de lucas o bonos por cada hijo nacido— son parches inútiles que no solucionan la raíz del problema. En lugar de seguir intentando las mismas recetas colectivistas, lo que se necesita es que el Estado deje de estorbar con regulaciones absurdas.

Y aunque Friedman no lo menciona explícitamente en su artículo, hay un factor monetario brutal: la falta de una moneda sana. La inflación sistémica destruye cualquier planificación familiar. Si tuviéramos una moneda que no fuera inflacionaria por diseño, la billetera del ciudadano de a pie reflejaría naturalmente los aumentos de productividad asociados a las nuevas tecnologías. En un libre mercado real, cuando la productividad crece y se producen más bienes y servicios, estos tienden a costar menos (deflación tecnológica). Pero como los bancos centrales y los gobiernos le tienen pánico a la deflación —porque les impide licuar sus deudas— aprovechan cada aumento de productividad para emitir más masa monetaria. ¿El resultado? El Estado se queda con el excedente y el trabajador final jamás percibe el aumento real del poder adquisitivo de su salario. Trabajas más, produces más, pero te alcanza para menos. Así, ¿quién se atreve a armar una familia?

Sustitutos de cuatro patas y la distopía ética

Este escenario de costos prohibitivos, sumado a la necesidad biológica y psicológica de la especie humana de entregar afecto y cuidar a alguien, ha provocado un fenómeno sociológico evidente: la sustitución de los hijos por mascotas, los llamados “perrijos”.

Hoy vemos un ecosistema gigantesco diseñado para alimentar esta ilusión: comidas premium con ingredientes orgánicos, atención veterinaria especializada de alta complejidad e incluso seguros médicos mensuales. Al final, mantener a un perro o un gato hoy en Chile cuesta varias veces más de lo que costaba antes, cuando las mascotas eran simplemente mascotas que cuidaban la casa o cazaban ratones.

Pero aquí viene la disonancia cognitiva y económica: un perro, por mucho que lo cuides y lo lleves al “médico”, rara vez pasará de los 15 años. Y lo más importante: jamás podrá cuidarte cuando llegues a la vejez. Al optar masivamente por los perrijos, la población actual está firmando un contrato de dependencia absoluta con el Estado para cuando alcancen la tercera edad y no tengan herederos capaces de sostenerlos. Este tsunami geriátrico y financiero que se nos viene encima quizás sea el verdadero motor oculto —el incentivo perverso— por el cual los Estados modernos empiezan a tramitar e impulsar leyes de eutanasia bajo el eslogan de algo “ético” o “digno”. Cuando la pirámide invertida colapse y el fisco no pueda pagar las pensiones ni la salud de millones de ancianos sin hijos, la “solución” estatal será macabra. Pero eso es harina de otro costal.

La locura por las mascotas tuvo su clímax en la pandemia, o más bien, durante el diseño de las medidas draconianas y los confinamientos impuestos por la autoridad sanitaria en Chile. El gobierno dio permisos especiales para salir a quienes tuvieran un perro. De la noche a la mañana, el número de personas que adquirió un animal se disparó; no necesariamente por amor filantrópico, sino para tener un salvoconducto legal para salir a caminar, “hacer cagar al perro en el parque” y escapar un rato del encierro estatal.

Pasó el tiempo, el Covid-19 se convirtió en un virus “buena persona” (como inmortalizó célebremente el exministro Mañalich) y la gente tuvo que volver al trabajo presencial. Los perros se quedaron solos en los departamentos. Muchos lloraban el día entero en los balcones, incapaces de comprender por qué su “humano” desaparecía ocho o diez horas diarias. Otros envejecieron. En mi propio barrio, hace un par de años había una consulta veterinaria o una tienda de mascotas en cada cuadra; hoy, varias están cerrando. Ya sea porque la gente se aburrió del juguete, porque el costo de la vida apretó o porque los animales murieron de viejos. Como sea, la estrategia del “reemplazo” demostró no tener proyección a largo plazo. Y miren que lo dice alguien que valora la compañía y la lealtad de un perro por encima de la de muchas personas, pero no se puede caer en la ilusión psicológica de que un animal puede sustituir la trascendencia de un hijo.

La estafa educativa: Del “Quinto Medio” al círculo vicioso del CAE

Ahora bien, seamos realistas: tener descendencia en Chile es ridículamente caro, y el mayor agujero negro financiero está en la educación. Una educación a la cual he criticado abiertamente por ser rígida, hiperestatizada e incapaz de entregar lo que promete.

El diagnóstico es devastador: tenemos niños en educación básica que terminan el ciclo sin ser capaces de escribir su propio nombre; adolescentes en educación media que sufren de analfabetismo funcional y no entienden lo que leen; y colegios “emblemáticos” que pasaron de ser cunas de la élite académica a convertirse en cuarteles de adoctrinamiento y carne de cañón para profesores revolucionarios de extrema izquierda. ¿Y la educación superior? Universidades que entregan cartones carísimos que no cumplen con la promesa de movilidad social ni garantizan un empleo acorde al salir al mercado laboral. Lo más probable es que el conocimiento real del futuro ya no esté en esas aulas grises, sino en plataformas como YouTube, cursos online específicos y el apalancamiento de herramientas de Inteligencia Artificial, como ya hemos analizado antes.

Sin embargo, toda la discusión pública nacional actual gira monótonamente en torno al CAE (Crédito con Aval del Estado). Y la solución que proponen los políticos solo agrava la enfermedad.

Hay que entender la mecánica del problema: la mera existencia de un crédito subsidiado y avalado por el Estado rompió los incentivos del mercado. Al garantizar el financiamiento a cualquiera, la demanda por educación superior se infló artificialmente. Décadas atrás, la educación técnica y media (el antiguo “5to medio” comercial o industrial) era perfectamente funcional para incorporarse con éxito al mundo laboral. Al ver este río de dinero estatal, las universidades reaccionaron subiendo los precios de los aranceles y estirando la duración de las carreras de forma artificial (ingenierías de 6 años que en el resto del mundo duran 3 o 4). Como el grueso de la población universitaria financiada por el Estado en realidad no daba el ancho para el rigor académico histórico, las instituciones tuvieron que bajar los niveles de exigencia para evitar la deserción masiva.

¿El resultado neto? Una inflación de títulos. Los cartones profesionales valen cada vez menos en el mundo laboral real. Precios exorbitantes en la matrícula no se traducen en valor de mercado. ¿Quién habría imaginado que disociar la educación de las necesidades reales de la economía traería estas consecuencias? Casi todos los economistas sensatos, pero en Chile todavía tienes a una masa gritando en contra de la “educación de mercado” y exigiendo gratuidad universal.

Al devaluarse el pregrado, el mercado laboral empezó a exigir más y más postítulos, magísteres y diplomados para poder diferenciar a los candidatos. Entramos en un círculo vicioso. Pedir que se abaraten las barreras de entrada o perdonar las deudas (el perdonazo del CAE) no va a solucionar nada; sólo consolida la estafa. Mientras el mercado productivo real recurre cada vez más a la automatización y a la eficiencia tecnológica, la academia sigue estancada en su burocracia del siglo pasado.

Mientras las carreras no bajen drásticamente sus costos, reduzcan sus años de duración y se alineen con la demanda real de las empresas, los jóvenes chilenos seguirán atrapados en el sistema: estudiando hasta viejos para encadenar postgrados que les “aseguren” un futuro laboral, saliendo al mercado hiperendeudados y atrapados en la rueda de hámster financiera. Para cuando terminen de pagar las deudas de su educación, ya será biológica y económicamente muy tarde para pensar en tener un hijo.

Y este artículo ya se me hizo demasiado extenso como para ponerme a desmenuzar el otro gran drama: el costo de los dividendos y el acceso a una vivienda que permita albergar, aunque sea, el mínimo de hijos necesario para que este país no se vaya definitivamente al carajo.