La idea de reformar el sistema de justicia penal ha sido persistente durante los últimos 50 años; sin embargo, no ha arrojado los mejores resultados en cuanto a la estructura y el funcionamiento del poder judicial. Es evidente una crisis, que abarca aspectos fundamentales, incluida la eficiencia de la administración de justicia, la erosión de la legalidad y el deterioro de las garantías procesales. Enfocándonos específicamente en la reforma penal, es importante tener en cuenta que el derecho penal opera en contextos mucho más duraderos que otras ramas del derecho; además, requiere soluciones bien pensadas y técnicamente sólidas. El derecho penal se vuelve peligroso cuando la reforma se entiende como una acción expansiva como solución a los conflictos sociales, a través de nuevos delitos, aumento de penas y reducción de beneficios procesales. Esto es aún más grave cuando somos conscientes de que tales reformas demuestran una propensión a dirigirse a los más vulnerables: los pobres y los marginados. En última instancia, la tragedia del derecho penal es su selectividad, demostrada por su procesamiento desigual del delito, lo que deslegitima el poder punitivo del Estado y dificulta aceptar que el derecho penal es igual para todos.