Venezuela reinicia obras de la central hidroeléctrica de Tocoma con la empresa argentina Impsa El relanzamiento de la hidroeléctrica de Tocoma promete 2.640 megavatios salvadores para un sistema eléctrico exhausto, pero también reabre el expediente de uno de los mayores escándalos de obras inconclusas del chavismo. El gobierno lo vende como “rescate”; la oposición lo lee como replay de un viejo fracaso, ahora con capital privado.

Dos relatos sobre la misma represa

En la versión oficial, “Venezuela confirmó la reactivación de la Hidroeléctrica Manuel Piar conocida como Tocoma” tras un convenio técnico con la argentina Impsa, con diez unidades generadoras y un horizonte de 14 a 19 meses para las fases iniciales. El Ejecutivo enmarca el anuncio en la reforma legal que abre el sector eléctrico al capital privado, pero subraya que el Estado mantendrá el 50% del control del sistema.

Del otro lado, el llamado gobierno interino se limita a constatar el hecho: “Interinato confirma reinicio de trabajos en represa de Tocoma en manos de empresa argentina Impsa”, destacando el mismo objetivo de sumar 2.640 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, pero sin el tono triunfalista oficial.

“Rescate” o reciclaje

Medios críticos hablan de “régimen chavista” que “reactivó obras en central hidroeléctrica de Tocoma tras convenio con Impsa”, recordando que el proyecto arrancó en 2007, debía terminar en 2014 y se paralizó con 87,19% de avance, según Transparencia Venezuela. Para este sector, la promesa de “estabilizar” el suministro y reducir los planes de racionamiento luce sospechosa en un país donde años de crisis eléctrica se atribuyen a corrupción y falta de mantenimiento, no solo a sanciones.

La crítica más dura apunta a que “El chavismo cede el “rescate” de Tocoma a Impsa, otra sospechosa del millonario fraude”, presentando la represa como emblema de pérdidas multimillonarias que explican la crisis energética que hoy padecen millones de venezolanos.

En resumen: el gobierno vende Tocoma como motor de recuperación y vitrina de inversión mixta; la oposición la ve como obra fantasma reciclada, con los mismos actores y un historial de sobrecostos que aún no se ha esclarecido.