Guyana confía en que la CIJ fallará a su favor en la disputa por el Esequibo; Venezuela rechaza la declaración Guyana celebra por adelantado el fallo de La Haya; Caracas, en cambio, ya prepara el desconocimiento. La disputa por el Esequibo entra en una fase decisiva con dos narrativas que chocan frontalmente: la del derecho internacional versus la de la soberanía irrenunciable.

Guyana: la CIJ como victoria del orden internacional

Desde Georgetown, el primer ministro Mark Phillips se muestra exultante. Asegura que, tras ocho años de procedimiento, la Corte Internacional de Justicia confirmará “la validez jurídica del Laudo Arbitral de 1899 y el carácter definitivo y permanente de la frontera internacional entre Guyana y Venezuela” ante el Parlamento guyanés. La sola llegada del caso a La Haya ya la vende como triunfo: “el mero hecho de que este caso haya llegado a la CIJ (…) representa un triunfo para el Estado de derecho y el orden internacional basado en normas”.

Phillips insiste en que el fallo será jurídicamente vinculante para ambos países en virtud de la Carta de la ONU y el Estatuto de la CIJ, con una decisión esperada entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Caracas oficialista: el Acuerdo de Ginebra o nada

El gobierno venezolano responde con un portazo. En comunicados casi calcados, Caracas “rechaza firmemente las declaraciones” de Phillips y califica la demanda de Guyana ante la CIJ de “unilateral írritamente presentada (…) en abierta y clara violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 y la legalidad internacional”.

Venezuela subraya que “nunca ha dado su consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de la Corte” y que la disputa “solo puede y debe ser resuelta bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra”. La línea roja es clara: “no reconocerá ninguna decisión” que emita la CIJ, “cualquiera que ella sea”.

Oposición venezolana: misma bandera, distinto tono

Los medios críticos al chavismo, lejos de cuestionar el reclamo territorial, apuntan al costo internacional de la estrategia de Miraflores. Resaltan que el “régimen chavista” dice tener “fundadas dudas” sobre el proceso en la CIJ tras las afirmaciones de Guyana, y subrayan que Caracas declaró nulo el laudo de 1899 desde 1962, pero llega tarde y debilitada a un litigio que Guyana ya logró encarrilar en la Corte.

En suma: Guyana se aferra a los jueces de La Haya; el chavismo, al papel de 1966; y la oposición, a denunciar que Venezuela podría perder en los dos frentes: el jurídico y el diplomático.