Detienen nuevamente al preso político excarcelado Pedro Domingo Díaz Díaz Un preso político enfermo de cáncer, excarcelado por “motivos humanitarios” hace apenas dos semanas, vuelve a terminar en manos del mismo Estado que dijo protegerlo. En el caso de Pedro Domingo Díaz Díaz, la libertad parece ser solo un papel… y ni siquiera ese papel lo respalda ya en la calle.

Lo que dice la oposición y las ONG

Medios críticos y organizaciones de derechos humanos describen el caso como una nueva detención arbitraria. El Nacional reseña que “denuncian la nueva detención de Pedro Domingo Díaz en Guárico a pesar de tener boleta de excarcelación” y subraya que el procedimiento del Cicpc violaría la decisión judicial que ordenó mantenerlo en libertad como paciente oncológico.

Según el abogado Ezequiel González, la detención en Altagracia de Orituco ignoró la boleta emitida el 21 de mayo por el Tribunal Primero con competencia en terrorismo, que ordenaba su excarcelación, y desconoce además que Díaz es beneficiario de dos medidas internacionales de protección, una del sistema ONU y otra de la CIDH.

Runrun.es recuerda que Díaz pasó cuatro años preso sin juicio, con un carcinoma de amígdala izquierda, y que su salida del Rodeo II fue concedida como “medida humanitaria”. El medio destaca que, aun mostrando la boleta al momento de su nueva detención, los funcionarios alegaron que “en el sistema figura una orden de captura”.

El relato oficial que falta

Aquí aparece el contraste más brutal: mientras la Asamblea Nacional, en voz de Jorge Rodríguez, había anunciado la liberación de más de 300 privados de libertad vulnerables —incluyendo personas con patologías graves—, los órganos de seguridad actúan como si esa promesa política y esas decisiones judiciales no existieran.

No hay, hasta ahora, una versión oficial detallada que explique por qué un beneficiario de medidas humanitarias, con protección internacional y boleta de excarcelación, vuelve a ser detenido. La oposición habla de “persecución penal continua” y de un caso que exhibe la fractura entre tribunales, organismos internacionales y cuerpos de seguridad. El gobierno, en cambio, guarda silencio; en ese silencio, la brecha entre discurso humanitario y práctica policial queda más expuesta que nunca.