Abogados del caso Pdvsa-Cripto denuncian irregularidades y exigen un juicio público El megaescándalo Pdvsa-Cripto ya no se libra solo en tribunales: también se está decidiendo en la calle, en los medios y en la arena política. Mientras el gobierno intenta presentar el caso como una cruzada anticorrupción, la defensa habla de un proceso hecho a la medida del poder.

Defensa vs. narrativa oficial

Los abogados de los acusados denuncian un “juicio de naturaleza política” sin verdadera validez jurídica y exigen que el debate sea “oral, público y transparente”, no a puerta cerrada ni por videollamada tras 16 audiencias presenciales. En la misma línea, otros defensores insisten en que se trata de un expediente plagado de “violaciones constitucionales, procesales y de derechos humanos”, con detenciones sin orden judicial, trabas al acceso a las actas y diferimientos forzados porque el sistema penitenciario desobedece las órdenes de traslado.

El contraste es brutal con el relato oficial de una ofensiva ejemplar contra la corrupción: en la práctica, denuncian los abogados, un chofer es acusado “de los mismos delitos que altos funcionarios”, una equiparación que para las familias huele más a castigo colectivo que a justicia selectiva.

Juicio político o show de control

A las puertas del Palacio de Justicia, la defensa reclama que el caso PDVSA-Cripto es “de naturaleza política” y alerta sobre tratos “crueles, inhumanos y degradantes” contra los procesados, a quienes se traslada de cárcel sin orden de juez, lo que “evidencia la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad”. Por eso piden blindaje internacional: ONU, CIDH, Defensoría del Pueblo y cónsules como observadores para evitar que el juicio sea un espectáculo controlado y no un proceso “efectivo e imparcial”.

Mientras el gobierno exhibe la trama como símbolo de limpieza interna, la oposición la lee como síntoma: un sistema donde el discurso anticorrupción convive con expedientes cerrados, presos sin condena y audiencias telemáticas que, lejos de modernizar la justicia, la vuelven todavía más opaca.