Juez federal anula restricciones de asilo de Trump para 39 países Un juez federal en Rhode Island acaba de dinamitar uno de los pilares más duros de la agenda migratoria de Donald Trump: la suspensión casi total de trámites migratorios y de asilo para ciudadanos de 39 países, entre ellos Venezuela, Cuba y Haití. El fallo no solo tumba la política, también desnuda sus motivaciones.

Lo que decía Trump vs. lo que vio el juez

La narrativa oficial bajo Trump hablaba de seguridad nacional y de la necesidad de responder a un ataque de un ciudadano afgano contra la Guardia Nacional en Washington D.C. en 2025. La respuesta administrativa fue un “veto migratorio” de facto y una pausa a solicitudes de asilo, trabajo, residencia y ciudadanía para 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.

El juez John McConnell Jr. vio otra cosa. En una opinión de más de 100 páginas, calificó las medidas de “ilegales”, “contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas” y subrayó que USCIS actuó fuera de su mandato legal. Para el magistrado, las supuestas razones de seguridad eran “pretextuales” y encubrían “sentimientos antiinmigrantes” que la agencia tiene prohibido considerar.

Derechos vs. discrecionalidad

Mientras la administración Trump se escudaba en su discrecionalidad para proteger al país, McConnell enfatizó el costo humano: “incontables inmigrantes” quedaron en un “limbo legal indeterminado” sin decisiones finales sobre asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde o ciudadanía, solo por “la casualidad de su nacimiento”.

Para organizaciones de migrantes y trabajadores, el fallo es una corrección de rumbo: reabre las vías legales y frena la discriminación por nacionalidad. Para los defensores de la línea dura trumpista, en cambio, es otro golpe judicial que limita la capacidad del Ejecutivo de imponer vetos masivos bajo el paraguas de la seguridad nacional.

En el choque entre miedo y Estado de derecho, al menos esta vez, los jueces han puesto un alto a la política migratoria a punta de eslóganes y listas negras.