Ministerio de Trabajo de Colombia investiga denuncias de constreñimiento electoral A 48 horas de la segunda vuelta, el pulso por el voto en Colombia ya no solo se libra en las plazas públicas, sino también en las oficinas y fábricas: el lugar de trabajo se convirtió en campo de batalla electoral.

Mientras el Gobierno prende las alarmas por constreñimiento al elector, la oposición mira con recelo las cifras, el momento y el uso político de las denuncias.

Dos cifras, un mismo escándalo

Desde la orilla de medios críticos al Gobierno se destaca que el Ministerio de Trabajo ya habla de 104 denuncias por presiones al voto en sectores como salud, minería, comercio, alimentos, servicios financieros y administraciones territoriales. Según estos reportes, se han realizado 32 visitas de inspección y se han impuesto 15 medidas preventivas por irregularidades que van desde amenazas de despido y condicionamiento de contratos hasta exigencias de prueba sobre cómo votarían los empleados.

En cambio, en la narrativa más cercana al Ejecutivo se insiste en otra cifra: 65 denuncias formales de empleados por posible constreñimiento, especialmente en empresas nacionales y multinacionales. Allí se subraya que directivos estarían usando su jerarquía para presionar a los trabajadores a apoyar “una determinada opción en la contienda presidencial”.

Gobierno punitivo vs. oposición vigilante

Ambas versiones coinciden en el guion institucional: se compulsan copias a Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Registraduría y Misión de Observación Electoral para que actúen. También se recuerda que el voto es libre, secreto y personal y que la coerción electoral puede derivar en investigaciones administrativas, disciplinarias y penales.

Pero mientras el enfoque oficial recalca que estos actos “empañan la jornada democrática” y violan el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Penal, la oposición pone el acento en el riesgo de que la denuncia masiva en plena recta final sea usada para construir un relato de “empresarios golpistas” y tensionar aún más la relación entre Gobierno y sector privado.

En el papel, todos defienden la libertad del voto. En la práctica, la batalla es por quién se queda con el relato de víctima: los trabajadores intimidados o las empresas señaladas.

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