ONG denuncian impacto humanitario por operativo de la FANB en Bolívar

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició un operativo militar en zonas mineras del estado Bolívar para desalojar a grupos armados. ONG como Provea y SOS Orinoco han alertado sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, y exigen transparencia al Estado sobre el alcance de la operación.
ONG denuncian impacto humanitario por operativo de la FANB en Bolívar

ONG denuncian impacto humanitario por operativo de la FANB en Bolívar La FANB dice que va por los “sindicatos” de la minería ilegal en Bolívar; las ONG temen que, en el camino, se lleve por delante a civiles e indígenas. En medio del silencio oficial, el operativo en el Arco Minero reabre el viejo dilema venezolano: ¿seguridad o derechos humanos?

La versión militar: limpiar el territorio

Desde el sur de Bolívar se reporta un despliegue de la FANB en zonas estratégicas de oro como Kilómetro 88 y Las Claritas, con helicópteros artillados y foco en desalojar Grupos Armados Organizados que controlaban el territorio, presuntamente bajo el mando de “Juancho”. El operativo se presenta como una ofensiva contra el crimen y la minería ilegal, con inspecciones a plantas de la Corporación Venezolana de Minería en El Callao y tensión en El Dorado ante el posible avance de las fuerzas militares.

Las ONG: del “modelo de gobernanza criminal” al riesgo de masacres

SOS Orinoco recuerda que el problema de fondo no es solo quién manda hoy, sino el propio “modelo de gobernanza criminal (Arco Minero) cuyo control territorial hoy se está reconfigurando por la fuerza”. La organización también desmiente rumores de un despliegue masivo en todo Sifontes o la presencia de tropas extranjeras, pero alerta sobre el vacío informativo oficial.

Provea va más lejos: advierte que estos megaoperativos en zonas mineras ya han derivado antes en “ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias”, aludiendo antecedentes como las OLP y la operación “Trueno”. Exige a la Defensoría del Pueblo supervisar la acción militar y pide al gobierno un informe transparente sobre detenidos, su situación legal y el impacto en la población civil.

Coincidencia incómoda: todos miran al Estado

Mientras el discurso oficial se centra en derrotar a los grupos armados, las ONG recuerdan que el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y debido proceso en el Arco Minero, y que el abandono histórico no puede ser reemplazado por el uso indiscriminado de la fuerza. En Bolívar, la batalla por el oro vuelve a ser también una batalla por la verdad.

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