Exigen información sobre paradero de presos políticos trasladados desde El Helicoide La cárcel más temida de Venezuela se vacía, pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿a dónde fueron a parar los presos políticos? El cierre de El Helicoide se vende como avance, mientras familiares y ONG hablan de reacomodo de la represión, no de justicia.

Lo que dice (y no dice) el poder

La narrativa oficial gira en torno al cierre del viejo centro de torturas y al “reordenamiento” penitenciario. Los traslados están confirmados: presos políticos fueron enviados a Yare, El Rodeo, Tocuyito, La Planta, el INOF y Las Crisálidas, según el monitoreo de Foro Penal. En el parte noticioso, se trata de un movimiento administrativo que acompaña la conversión de El Helicoide en espacio “social y deportivo”, anunciada por Delcy Rodríguez.

Sobre las listas completas de trasladados, tiempos y condiciones del operativo, silencio. Ninguna autoridad ha publicado un registro oficial, pese a que las rejas cambiaron de sitio en masa.

Lo que denuncian las ONG

Foro Penal habla claro: mover presos sin informar paradero “podría constituir una desaparición forzada” y exige notificación inmediata a familiares y abogados. La propia organización había adelantado el “traslado de presos políticos desde El Helicoide a otras cárceles”, advirtiendo que la arbitrariedad no se soluciona cambiando de celda.

El Observatorio Venezolano de Prisiones va en la misma línea y “exige información sobre destino de los presos políticos trasladados desde El Helicoide”, denunciando que los movimientos se hicieron sin aviso previo.

Lo que viven las familias

En la calle, el lenguaje es menos técnico y más brutal: vigilia, barricadas humanas y llanto frente a un edificio cercado por uniformados. Familiares protestaron en El Helicoide para exigir saber dónde están los suyos, tras la salida de autobuses hacia prisiones como Tocuyito, en medio de suspensión de visitas y cierre de accesos.

La escena se repite en testimonios recogidos por medios internacionales: el Helicoide “símbolo de la tortura” queda vacío, pero muchos reclusos “se los llevaron y sus familias no saben dónde están”. Mientras el gobierno vende cierre y modernización, ONG y víctimas ven solo un cambio de dirección en la ficha del preso, no en la política de persecución.

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