Autoridades colombianas investigan irregularidades en sistemas de fotomultas El escándalo de las fotomultas en Colombia enfrenta a Gobierno nacional, alcaldes y conductores en una pelea donde todos dicen defender al ciudadano… pero no todos se ponen de acuerdo sobre cómo y quién paga la cuenta final.

Gobierno: depuración histórica o limpieza tardía

Desde la orilla oficial, el mensaje es de cirugía mayor al negocio de las cámaras. La Supertransporte ha puesto “fotomultas bajo la lupa” y calcula que 5,8 millones de comparendos quedarían sin validez y deberán ser revocados de oficio, con más de $1,05 billones en juego. Otra radiografía habla de cerca de 6 millones de comparendos que podrían quedar sin efecto y más de $1 billón ya pagado que habría que devolver.

La entidad detalla que 37 organismos de tránsito operaron sin los conceptos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718, usando incluso avales emitidos a terceros. En paralelo, la Supertransporte explica a los ciudadanos “cómo reclamar dinero de fotomultas ilegales”, dejando claro que la devolución no será automática: tocará derechos de petición, tutelas, demandas y acciones populares.

Alcaldías y oposición: entre el daño reputacional y la defensa política

Desde la oposición mediática, el foco está en las ciudades salpicadas. “Revelan las ciudades donde anularían millones de fotomultas y devolverían dinero a conductores”, con Cali, Medellín y Popayán en el podio de los más expuestos. Otro balance insiste en “las ciudades y municipios donde millones de fotomultas quedarían anuladas”, subrayando que los conductores con multas sin pagar no tendrían que hacer ningún trámite: la revocatoria sería automática.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se defiende y marca distancia del negocio heredado: “señalizamos todas las cámaras para que dejaran de ser cámaras trampa, y hoy tenemos reducción en las fotomultas… Yo no quiero la plata de la gente, yo quiero que cuiden su vida”.

Coincidencias y choque frontal

Todos coinciden en algo: las fotomultas no pueden ser “un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, como advirtió el propio Gobierno. Pero mientras el Gobierno vende una depuración ejemplar y exige que los organismos paguen incluso el doble de lo recaudado, las alcaldías buscan minimizar su responsabilidad y la oposición subraya el tamaño del desorden técnico y jurídico.

En la mitad, millones de conductores miran el tablero: unos esperarán la revocatoria automática; otros se preparan para una batalla jurídica lenta, pero con cifras de escándalo a su favor.

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